El Dr. Julio Francisco Baez, especialista nicaragüense en materia tributaria ha denunciado ante los medios de difusión que el Parlamento Nicaragüense ha violado la Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 138 y 114, al ratificar el Protocolo de Entendimiento suscrito por el Gobierno de Nicaragua y la transnacional española Unión Fenosa.
Refiere el Dr. Baez que este es un acuerdo informal celebrado entre una empresa privada y el Gobierno cuyos alcances no pueden ir más allá de la letra de la ley.
El mencionado acuerdo pretende eliminar el pago de impuestos por transmisión eléctrica que cada municipio debe cobrar a Unión Fenosa y esta, debe pagar. Lo cual no es posible si no es a través de una reforma a las leyes tributarias.
En todo caso, el Gobierno de Nicaragua tendría que estudiar detenidamente el impacto de ese acuerdo en la economía local e implementar medidas que suplan la falta de esos ingresos.
Lamentable es que se combinen la prepotencia y desprecio por la ley de un país extranjero de parte de una empresa de este tipo con la benevolencia ilícita del gobernante de turno para restarle presupuesto a programas sociales y comunitarios que impulsan los ayuntamientos con los fondos provenientes de estos impuestos municipales.
Me sumo desde este foro a la denuncia y repudio del acuerdo de marras.
Homero.
Refiere el Dr. Baez que este es un acuerdo informal celebrado entre una empresa privada y el Gobierno cuyos alcances no pueden ir más allá de la letra de la ley.
El mencionado acuerdo pretende eliminar el pago de impuestos por transmisión eléctrica que cada municipio debe cobrar a Unión Fenosa y esta, debe pagar. Lo cual no es posible si no es a través de una reforma a las leyes tributarias.
En todo caso, el Gobierno de Nicaragua tendría que estudiar detenidamente el impacto de ese acuerdo en la economía local e implementar medidas que suplan la falta de esos ingresos.
Lamentable es que se combinen la prepotencia y desprecio por la ley de un país extranjero de parte de una empresa de este tipo con la benevolencia ilícita del gobernante de turno para restarle presupuesto a programas sociales y comunitarios que impulsan los ayuntamientos con los fondos provenientes de estos impuestos municipales.
Me sumo desde este foro a la denuncia y repudio del acuerdo de marras.
Homero.
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